Solamente el título, de Ciudades Rurales Sustentables, atrae atención y nos hace pensar en un proyecto positivo. De este modo, Felipe Calderón Hinojosa, promociona dichas ciudades en estados como el de Chiapas, junto con gobernantes como Juan Sabines, como contenedores de escuelas, clínicas, viviendas, espacios públicos, servicios básicos, invernaderos, granjas avícolas, complejos cafetaleros y fábricas ensambladoras. Sin embargo, el contenido comienza a causarnos dudas y nos pone a pensar acerca de problemáticas que podría contener este designio (¿alguien pensó en fábricas-maquiladoras?). Es cierto que por un lado existen argumentos fuertes que indican que la dispersión poblacional es una de las principales causas de la pobreza, mismos que aseguran que las CRS brindan una solución para mejorar la calidad de vida de varias comunidades en supuesta fragilidad territorial. Sin embargo, existen varias razones para pensar que la creación de estos núcleos urbano-rurales podría tener motivos alternos y alejados a la sustentabilidad y el bienestar social. ¿Podrá ser el querer controlar a ciertas comunidades indígenas? ¿Habrá intereses privados e internacionales en juego? Estas y otras preguntas deben hacerse y responderse para evaluar correctamente estos proyectos de carácter federal, estatal y privado.
Los primeros proyectos de esta naturaleza, comenzaron en México desde el 2007 en el estado de Chiapas, en las comunidades de Santiago El Pinar y Nuevo Juan de Grijalva. Con el objetivo de concentrar poblaciones dispersas en un núcleo semiurbano, o semirural, como guste verse, se proponían atractivamente espacios para el desarrollo integral con oportunidades económicas y que favorecieran la conservación y el uso racional de los recursos naturales. Algunos de los entes privados que han apoyado tal iniciativa del estado mexicano (que suele privilegiar los intereses privados sobre de los públicos y generales) son Fundación Azteca, Telmex y Wallmart, empresas con trayectoria en proyectos humanitarios en teoría pero que han dado muestra de rapacidad en múltiples y diversas ocasiones. Por tanto, no sorprende el resultado. Se prometieron servicios de agua, drenaje, energía eléctrica, alumbrado público, drenes pluviales, tratamiento de aguas residuales y potabilizadoras, en fin, mucho más allá de los servicios básicos y gozados por el mexicano promedio. Obviamente, la promesa no fue cumplida en su totalidad, pero lo que es peor, los servicios que sí han sido instalados resultan obsoletos para una población que no puede pagarlos.
Comunidades realmente autosustentables, con muchas carencias sin duda, que cosechaban o pescaban sus propios alimentos ahora no pueden adquirir si quiera lo elemental para alimentarse, no les alcanza. La vitalidad económica que se había prometido es inexistente, y se limita, en el mejor de los casos, a trabajos temporales, mal pagados e insuficientes para las poblaciones reubicadas. La gente que tenía desde hace siglos sus tierras y vivía de eso, ahora se encuentra imposibilitada y sin espacio para subsistir. Se argumenta que se quiere dar la posibilidad de una vida digna para diversas comunidades indígenas, sin embargo, pareciera que quiere sometérseles al sistema capitalista, al cual se le podrían argumentar algunas cualidades, pero la sustentabilidad hasta la fecha no ha sido realmente una de ellas. Pareciera entonces que se quiere más bien construir traspatios “productivos”. Pero para qué o para quién. De la agricultura se quiere pasar a la agroindustria y servir a trasnacionales como Starbucks al proveerles de café y mano de obra barata. Por qué no mejor proponer reformas que realmente protejan y reactiven al sector rural y campesino mexicano, en lugar de quitarles el control a las comunidades indígenas y campesinas de sus modos de producción.
Existen, claro, más fallas documentadas en las llamadas CRS, como viviendas con goteras, construidas con materiales baratos e inadecuados para las condiciones del lugar, reducidas y sin espacio para sembrar (para que mejor vayan y compren al super fruta y verdura de California, carne de Texas o demás pseudo-alimentos gringos). Del mismo modo, las clínicas construidas carecen la mayoría de las veces de luz, medicamentos, médicos, en realidad, de servicio médico en general. En las escuelas no se dan clases de tiempo completo, como se había prometido, ¡y los desayunos escolares se cobran! ¿Qué se pretende, quién se beneficia? Por qué se quiere modificar, destruir y controlar un modo de vida y prácticas que todos sabemos son más sustentables que las modernas y occidentales. Será que estas comunidades se vislumbran como obstáculo para transnacionales que saben que habitan sobre yacimientos mineros y por eso quiere reubicárseles y crear un proyecto de despojo. Las genuinas y buenas intenciones son difíciles de creer cuando se sabe que los spots para publicitar estas CRS consisten en un tercio del gasto proyectado para construir 27 ciudades rurales.
Y entonces, al descubrir negras intenciones, con la piel chinita recordamos cuando la corona española reubicó a comunidades indígenas en áreas reducidas que se convirtieron en pueblos o ciudades coloniales, lo cual fortaleció el poder del imperio sobre poblaciones dispersas y potencialmente rebeldes. O cuando se modelaron aldeas en Guatemala en medio de una guerra civil, reubicando a miles de indígenas como estrategia contrainsurgente. Entonces, parece que aparte de controlar, estas estrategias pretenden formar un sistema de integración y producción forzosa de campesinos e indígenas para servir a intereses capitalistas y sectores dominantes. Será que comunidades realmente exitosas y sustentables, tanto ambiental como socialmente, como los caracoles zapatistas representan una amenaza al estado. De qué otro modo explicar el intento de aculturación y el despojo de tierras y modos de vida. Los caracoles, en cambio, representan una alternativa concreta, donde comunidades, denominadamente dispersas, promueven día a día el desarrollo de sistemas autónomos de salud, educación, producción, etcétera. Suena idealista y utópico, pero es real. Este intenso proceso de desarrollo no pretende ni contiene en si la lógica acumulativa del neoliberalismo, y mucho menos la devoradora y destructiva naturaleza en contra del medio ambiente y el ser humano. Al mismo tiempo, dichas comunidades por supuesto que existen como un obstáculo a varios proyectos de plantaciones intensivas, autopistas que devoran paisajes enteros, industrias que dañan al medio ambiente… infinidad de designios basados en el injusto intercambio de bienes y servicios.
Por consiguiente, un adulto mayor entrevistado en Santiago el Pinar, se dice muy triste ya que ha visto en un par de años desaparecer sus campos, milpas y platanares, pero peor aún, su manera de vivir. Con qué autoridad moral pensar que se puede enseñar de sustentabilidad a culturas que han estado arraigadas a sus tierras por siglos, que las respetan, las cuidan y las han mantenido vivas y saludables a través de los años. Es cierto que desde un punto de vista urbano se privilegia la densidad; ciudades compactas en contra de suburbios desparpajados. Es cierto también que el implementar servicios en zonas con poca población es una tarea difícil y costosa. Sin embargo, no estamos hablando de ciudades, sino del campo mexicano, uno que tendría que ser auxiliado para permitir el desarrollo de nuestro país, no el desarrollo rapaz, ni internacional, sino el local y el de cada una de las comunidades que habitan en él. No puede permitirse que se recurra a un campo y a poblaciones indígenas relegadas y olvidadas por años, decenios y siglos, solamente para saquearlos y despojarlos. No podemos olvidar tampoco, que la sustentabilidad no sólo significa responsabilidad y cuidado al medio ambiente, sino también hacia la raza humana. Qué corazón tienen los que no pueden solidarizarse con sus hermanos y anteponer el bien de su nación al enriquecimiento de corporaciones internacionales.
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