Violaciones de Estado

“Si nos denuncian les va a ir peor y a nosotros no nos hacen nada porque somos militares.” (Amnistía Internacional. Acción Urgente, 20 de agosto de 2009.)

Arrancando este 2010, es importante hacer un recuento de los acontecimientos más transcendentes del 2009 y en materia de derechos humanos en nuestro país, no cabe duda que el tema central a tratar es el patrón de abusos del ejército mexicano. La llamada guerra contra el narcotráfico ha desatado índices de criminalidad sin precedentes que han crecido de manera exponencial, más aparte, se han generado también violaciones federales y de estado. En la agenda 2010 de los derechos humanos y en la política del gobierno federal debe analizarse este tema fundamentalmente, junto con muchos otros si no queremos un panorama poco alentador para los meses venideros.

El patrón de crímenes cometidos por el ejército en sus operaciones de seguridad incluye desapariciones forzadas, homicidios extrajudiciales e ilegítimos, torturas, malos tratos y detenciones arbitrarias. Así lo cita Amnistía Internacional y acusa a las autoridades de no investigar exhaustivamente las denuncias de abusos cometidos por el ejército. Por dar una cifra explicativa, las quejas de abusos del ejército a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) fue de 182 en el 2006, 367 en el 2007 y de 2000 del 2008 a mediados del 2009. Esto muestra la tendencia en aumento de abusos, sin embargo, es fácil imaginar que los abusos son muchos más ya que varios no se efectúan por miedo a amenazas o acosos.

Las violaciones a los derechos humanos no pueden, bajo ninguna circunstancia, considerarse actos de servicio y los miembros del ejército deben apegarse estrictamente al derecho internacional de los derechos humanos, ya que a partir de los últimos eventos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indica que el estado mexicano esta obligado a modificar el código de justicia militar. El gobierno tiene la responsabilidad de combatir a la delincuencia organizada y al narcotráfico pero sus métodos se han tornado cuestionables ya que el delito no se combate con más delito. Paralelamente, tiene la obligación de supervisar eficazmente las operaciones policiales del ejército, reconocer, investigar y dar solución a cualquier abuso causado por esta tarea. Dicha solución no debe darse en tribunales militares cerrados a dar información lo cual sólo resulta en impunidad y la negación de justicia. Tal panorama derrota el supuesto propósito del gobierno mexicano de respaldar la seguridad pública. En contrario, la agrava convirtiéndose él mismo en criminal. Aunado a la violencia extrema, los secuestros, decapitaciones y descuartizamientos que afectan a la sociedad civil a diario, el designio del gobierno federal queda poco claro y se entiende a toda luz ineficaz y de consecuencias negativas.

En el 2008, de las demandas hechas a distintas procuradurías se abrieron sólo el 28.87% por ciento a investigación, sólo en 1.57% se presentaron cargos y 75% de las sentencias se referían a casos correspondientes a gobiernos anteriores. Los esfuerzos hechos para denunciar violaciones a manos del ejército son rechazados por considerarse intentos de profundizar el desprestigio de las fuerzas armadas. Es indignante que a tales denuncias se responda con hostigamientos y amenazas.

El 3 de enero del presente año fue asesinada en Ciudad Juárez, Chihuahua, Josefina Reyes Salazar, defensora de derechos humanos que luchaba contra la represión y militarización de las calles de Chihuahua. Esta mujer encabezaba movimientos contra la violencia y violación de derechos humanos a partir de la desaparición forzada de su hijo, Miguel Ángel Reyes, levantado por el ejército. La Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) hicieron caso omiso de la denuncia que presentó la activista por las varias amenazas de muerte que había recibido. En consecuencia, otras defensoras de derechos humanos, como es el caso de Cipriana Jurado, corren peligro en una ciudad que parece en estado de sitio por la presencia de miles de soldados que representan un peligro para la población civil y no para sicarios y narcotraficantes. Con terror se pretende amedrentar a luchadores sociales por lo cual parece que la lucha contra el narcotráfico es una pantalla que cubre el designio alterno de controlar a la sociedad civil.

Recientes noticias nos han informado que Ciudad Juárez es, por segundo año consecutivo, la ciudad más peligrosa del mundo, lo cual nos indica que la labor de nuestras autoridades no sólo no esta mejorando la situación sino que sus acciones resultan en detrimento para la seguridad de los mexicanos. La ratificación de Arturo Chávez Chávez como procurador general de la república es sólo uno de los tantos hechos que continúan indignándonos a los mexicanos; el mal desempeño en el pasado del actual procurador en las investigaciones de los crímenes de mujeres en Ciudad Juárez es alarmante. En términos más recientes, algunos de los casos de abusos del ejército denunciados por Amnistía Internacional el año pasado son: la desaparición forzada y el homicidio ilegítimo de Saúl Becerra Reyes en el estado de Chihuahua, la desaparición forzada de los hermanos Guzmán en el estado de Chihuahua, la desaparición forzada y el homicidio ilegítimo de tres hombres en el estado de Tamaulipas (Miguel Alejandro Gama Habif, Israel Ayala Martínez y Aarón Rojas de la Fuente), tortura de veinticinco agentes de la policía municipal del estado de Baja California, cuatro presuntos delincuentes torturados y maltratados en Baja California (Ramiro Ramírez Martínez, Rodrigo Ramírez Martínez, Ramiro López Vázquez y Orlando Santaolaya), entre muchos otros.

Y no es sólo el mal que se ha causado a raíz de esta llamada guerra contra el narco, sino también todos los demás rubros que se han descuidado por motivo de ella. En un contexto cercano a la inseguridad, en Ciudad Juárez, por ejemplo, los feminicidios que siguen ocurriendo han ahora si quedado en el más doloroso olvido. En cuanto a la seguridad inmediata que requerimos los mexicanos, de robos, secuestros, etc., esa no se ha tomado en cuenta para abatirla. Además, el gobierno federal a perdido el enfoque y la responsabilidad para atender y cumplir con los derechos económicos, sociales y culturales de la ciudadanía, que debieran también ser prioritarios; el Estado se ha desligado de derechos importantes como salud, educación, vivienda, alimentación, etc., que en una sociedad en teoría democrática son esenciales.

Es importante recalcar la importancia y el gran compromiso necesario por parte de la CNDH para restringir y cuestionar el excesivo alcance de la jurisdicción militar y el clima en el que florecen abusos e impunidad. En cuanto al gobierno se refiere, este debe, junto con los miembros del ejército, apegarse estrictamente al derecho internacional de los derechos humanos, investigar toda denuncia de grave violación a los derechos humanos, supervisar detenciones, eliminar órdenes de detención en arraigo, prohibir la detención ilegal, ordenar la publicación de ubicaciones de todos los centros de detención reconocidos, investigar y juzgar al personal del ejército por autoridades judiciales civiles, otorgar derecho a acceder a la información a familiares y victimas, brindar protección eficaz contra amenazas y agresiones a defensores de derechos humanos, garantizar castigo a intimidación de testigos y garantizar la publicación regular de información confiable y detallada sobre denuncias y violaciones de derechos humanos. Minimamente esto, junto con repensar la estrategia y viabilidad de la lucha contra el narcotráfico, sería necesario si se tuviera un genuino interés por recuperar el prestigio de las fuerzas armadas y del estado.

Responsabilidad global

Hace más de 50 años, una de las figuras más importantes en la conformación del mundo de la posguerra en Estados Unidos, George F. Kennan, afirmaba que al tener el 50% de la riqueza del mundo y 6.3% de su población, la tarea de este país era diseñar un modelo de relaciones que les permitiera mantener esta posición de disparidad. Habiendo cumplido esta tarea en el ámbito político y social en el pasado, hoy en día este país ha hecho imposible alcanzar convenios equitativos y ha rehusado a corresponsabilizarse por ser una de las economías más contaminantes del mundo. En relación con los años 50s, Estados Unidos logró triplicar su consumo de energía per capita; el uso de petróleo en el sector transporte subió más de 300 %, el consumo de madera un 171%, el uso de carbón 128% y el uso de agua 127%.

Tomando en cuenta que estos patrones de consumo son ampliamente conocidos (aun si no siempre enjuiciados) por la sociedad internacional, lo que no se sabe es que la industria responsable del 38% del consumo de energía de este país es la de la construcción (usando 40% de la materia prima del mundo), mientras el transporte representa el 27% del uso energético de esta nación.

Por tanto, es urgente que tanto este país como muchos otros transformen el modo en que edificios y comunidades son diseñados, construidos y operados para permitir que exista un ambiente saludable que mejore nuestra calidad de vida. Las regulaciones públicas y gubernamentales junto con profesionistas del área (arquitectos e ingenieros) deben evaluar cuestiones como tener sitios de construcción sustentables, diseñar acorde a condiciones climáticas locales y especificas, reducción de contaminación lumínica, eficiencia de agua, reducción energética, uso de energías renovables y verdes, reciclaje de materiales, uso de materiales locales, uso de materiales no tóxicos, etc.

Dichos estatutos han sido considerados en algunos países europeos y en el caso especifico de Estados Unidos en estados como California, aun cuando esto haya sido a raíz de crisis petroleras como el embargo de 1973. Lo cual resultó en regulaciones de eficiencia energética que han creado ahorros de 50 billones de dólares en costos de electricidad y gas natural recortando el gasto per cápita de electricidad en California casi a la mitad del uso del norteamericano promedio.

Reglamentos como este deben hacerse presentes de manera internacional comenzando por los países ricos y poderosos, por sus gobiernos y grandes empresarios y respetados por sus profesionistas que diseñan y construyen, tomando en cuenta que las ganancias a largo plazo tanto en el terreno monetario como ecológico y social serán enormes.