Si bien es cierto que con Álex se recibió en 48 horas, en la zona noreste de la república, casi la misma cantidad de milímetros cúbicos de agua que en la capital se recibe anualmente por causa de lluvias, no puede negarse que existieron varios factores de índole urbano-político que agravaron inmensamente los daños que el ciclón ya de por si causaría. La prioridad número ha sido el rescate y auxilio a la población afectada, para lo cual el pueblo mexicano, más que sus gobernantes, siempre se muestra rápidamente solidario. Sin embargo, hay sólo cierta cantidad de ayuda que se puede brindar cuando no se cuenta ni siquiera con el mínimo de medidas preventivas que un gobierno responsable debería de tener para este tipo de situaciones.
El más visible caso de desidia y negligencia pre-catástrofe se presentó al darse permisos de construcción en zonas de alto riesgo como en el caso del asentamiento del lecho del Río Santa Catarina en Monterrey, Nuevo León. La Comisión Nacional del Agua, consintió que dicho río, que atraviesa de oriente a poniente pasando por el corazón de la ciudad, se convirtiera en un negocio de particulares. Contra norma se establecieran mercados, hicieron construcciones, canchas, e incluso un campo de golf, que previnieron y obstruyeron el paso del agua, acelerando el afluente e incrementando su nivel destructivo. En tales arreglos participaron autoridades de nivel municipal, estatal y federal. Del mismo modo, 14 millones de mexicanos viven en zonas inundables.
Pero la omisión y corrupción tuvieron muchas otras caras. La ausencia de medidas preventivas y de contingencia en nuestro país son penosas, llámese políticas de almacenamiento de presas, sistemas de drenaje, captación de agua pluvial, tratamiento de aguas residuales, desazolve de causes, construcción de bordos, etc. Ni siquiera se utilizó todo el presupuesto asignado para obras de protección contra inundaciones, cuando lo ideal sería el usarlo mucho antes de la temporada de huracanes. El resultado de dicha actitud administrativa es que cada temporada de lluvias hay inundaciones y la realidad hoy son más de veinte muertos, 500 mil personas sin hogar, más de un millón sin servicios y 87 municipios en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas en estado de emergencia. Y lo mejor que nuestros políticos pueden hacer es echarse la culpa mutuamente, como es el caso del reclamo del gobernador Eugenio Hernández Flores a CNA por no informarle acerca de la crecida del Río Bravo y la saturación de las presas El Cuchillo y Cerro Prieto, ambas en peligro de desbordamiento sin existir una estrategia que dicte su nivel ideal por “dificultades políticas”. Estos conflictos de gestión del agua entre autoridades y sector privado se caracterizan por un manejo perturbador, sin transparencia, y supeditado a intereses individuales y no a las necesidades del país.
En dicho tema las discusiones debieran ser muchísimo más vanguardistas. En términos de sustentabilidad, por ejemplo, estamos muy atrasados y nos sigue costando mucho trabajo el crearnos una conciencia ecológica en asuntos que agravan enormemente el impacto de catástrofes naturales como Álex; temas tan elementales como la deforestación o un poco más complejos pero igual de fundamentales como podría ser la captación de líquidos y su descarga en zonas agrícolas, evitando daños al campo y frenando la edificación de zonas habitacionales en dichos lugares. Otro tema importantísimo que se ignora enormemente es el de los aspectos negativos de las presas y que tan urgente es que comencemos a replantear una forma mucho más sustentable de producir energía con tal de reducir considerablemente el uso de las mismas, ya que en términos de control de inundaciones en nuestro país no han probado ser tan efectivas. Las presas erosionan el suelo reteniendo sedimentación de los ríos; irrumpen enormemente a las especies y a los ecosistemas en donde se establecen; crean entornos de enfermedad por el flujo casi nulo que poseen; alteran la temperatura del agua produciendo gases de efecto invernadero y un cambio climático inmediato; y desplazan gente, entre muchas otras cosas.
Pero qué se puede esperar si en momentos como éste se argumenta que no hay dinero para reparar suministros; reposicionar y reinstalar tuberías; abastecer de agua potable a las localidades afectadas; ayudar a las familias que perdieron sus viviendas; reparar miles de escuelas dañadas; ni reconstruir completamente las vialidades como los más de cien puentes dañados solamente en Nuevo León, la mitad de las carreteras de Tamaulipas que se encuentran severamente dañadas, o las carreteras Monterrey-Nuevo Laredo donde se mueve 35 por ciento del comercio binacional. Consecuentemente, la mayoría de las zonas afectadas permanecen incomunicadas, aislando a la gente de asistencia médica y alimentos. Las poblaciones más vulnerables como los municipios aislados y regiones metropolitanas pobres como la del norponiente de Monterrey son, como siempre, las más afectadas.
Empieza a debatirse que tantos recursos nacionales deben usarse, y cualquiera que sea el veredicto, lo central es que se usen con transparencia y que los resultados sean visibles. En este momento comienzan los trabajos de limpieza para poder pensar en una reconstrucción. Debe innovarse y tenerse iniciativas suficientes para estar preparados para las ocurrencias naturales que seguirán ocurriendo. En este momento es esencial ajustar presupuestos para la emergencia que se nos presenta y tener en cuenta que en lugar de gastos como los de publicidad gubernamental y campañas electorales costosísimas, los mexicanos necesitamos poder disponer del dinero que es nuestro y forzar a las autoridades que se emplee de la manera mas transparente y eficaz.
P.D. Tristemente siempre hay quien se aprovecha de la circunstancia, en tiendas oxxo y seven se ha reportado que los garrafones de agua se venden casi al doble de su precio habitual.
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